El Ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, al develar los pormenores de la enfermedad de un paciente, no sólo vulneró la Ley 3729 sino, lo que es más grave, vulneró una de las bases de la deontología médica, cual es la confidencialidad, que ha prestigiado y levantado el sentido ético de la medicina en el ámbito de la sociedad humana, principalmente la que tiene algún sufrimiento. La confidencialidad otorga confianza y credibilidad al médico que la ejerce como práctica de todos los días y, por extensión, la confianza alcanza a todo el gremio de los médicos, que debieran guardar una conducta homogénea en este campo. Este es un principio universal e insoslayable de la práctica médica que debe ser salvaguardado y protegido por las autoridades de la salud del Ministerio del ramo.
Por lo mismo resulta doblemente denigrante, que sea el propio Ministro quien, en conferencia de prensa, ponga en el crucifijo del estigma y la discriminación a un paciente quien es, además, y mientras no se demuestre lo contrario, una alta autoridad judicial.
La motivación de la exposición pública es claramente política aunque pretenda darse con ribetes de preocupación por la salud del enfermo, quien, dice, no cumpliría de manera adecuada la medicación señalada por sus médicos tratantes.
La Ley 3729 aboga por el resguardo de la identidad de los pacientes, identidad que está en íntima relación con su dignidad, que es común a todos los humanos como el primer derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La identidad es propia de cada persona, es su patrimonio íntimo que no puede ser expuesto ni mostrado ni publicado. Es su intimidad, su vida privada que no puede ser expuesta ni difundida sin autorización del propietario. Este es el espacio que resguarda y protege la Constitución promulgada por el Estado Plurinacional en 2007 y que ha sido quebrada sin ningún tino ético ni político por el propio encargado de cuidarla.
Uno de los instrumentos más trascendentes y rescatables para cuidar estos derechos ha sido y será siempre la confidencialidad del médico y de sus profesiones afines, que están obligadas al secreto profesional, que impide divulgar todo lo que pertenece al ámbito de la vida privada de las personas y su salud, incluyendo el resguardo de su propia imagen. Cualquier quebrantamiento no hace más que incidir negativamente en la confianza social hacia la confidencialidad y el gremio que debe resguardarla.
El caso debiera ser tratado de manera ejemplarizadora, tanto por el Presidente Evo Morales, como por el Colegio Médico, con el objeto de demostrar que estamos regidos por una Constitución con enfoque de derechos y que su vulneración debe ser objeto de castigo, por lo menos como una lección de educación sanitaria y social que muestre que los derechos humanos se respetan en Bolivia. Tal vez de esta manera estemos evitando que tantos enfermos y pacientes sean expuestos en los medios de comunicación por cualquier persona y por cualquier motivo, sin pudor ni respeto por el doliente.
