La gran diferencia entre la clínica y la salud pública
radica en que la primera se concentra en el tratamiento de cada individuo como
caso de enfermedad, en tanto que la Salud Pública se concentra en la protección
de la salud de poblaciones enteras, tanto enfermas como sanas. El Ministro de Salud,
Juan Carlos Calvimontes, después de meter la pata identificando públicamente a
un paciente con VIH/SIDA, trató de salir del atolladero con otra gran metida de
pata, más profunda que la anterior, al decir que denunció el caso para proteger
a la población, que corría peligro de contagio a partir de ese foco de
infección.
Dijo que el estado de salud de ese paciente era "doblemente
peligroso para la sociedad”. Que al suspender su tratamiento “y la exposición
al cual estaba siendo objeto el paciente hace que la población sea vulnerable (sic)”. En otras palabras, el Ministro inventó una
nueva estrategia de intervención sanitaria, que combina la clínica con la salud pública. O sea,
denunciar por los medios el caso clínico que no está bien tratado para proteger
a la población entera.
Esta estrategia tendría que sumarse a las planteadas por
ONUSIDA, entre las que citaremos tres: la de mantener y aumentar el compromiso
y liderazgo político; la de mantener y aumentar la financiación de los
programas; y, tal vez la más pertinente en este caso, combatir enérgicamente la
estigmatización y la discriminación relacionadas con el SIDA. Con estas
estrategias se han logrado progresos notables en el control de esta pandemia a
nivel mundial.
En Bolivia la epidemia está lejos de ser controlada; hay más de
13 mil infectados -¿cuyos nombres debieran ser publicados?- y el mismo Ministerio denuncia que el ritmo
de crecimiento de la enfermedad es del 25% anual, siendo la población joven la más
vulnerable, puesto que 6 de cada 10 personas con VIH/SIDA tienen entre 15 y 34
años, la mayor parte (97%) contraídos a partir de relaciones sexuales sin
protección. A este problema se suma la falta de recursos, puesto que el
Gobierno asignaría un exiguo presupuesto de 775 mil dólares para el tratamiento
y la prevención de esta enfermedad que requeriría mínimamente de 5,3 millones
por año. Al desconocimiento y la falta de recursos, se suma como problema
principal, la discriminación hacia los que viven con VIH/SIDA, que en Bolivia
es notoriamente fuerte y mal entendida por las autoridades encargadas de
combatirla.
Al inventar una nueva estrategia de intervención el Ministro
sólo ha perjudicado la marcha de su programa de control epidemiológico del
VIH/SIDA. Primero, porque ha acentuado la discriminación y la estigmatización
de los casos de esta infección; y segundo, porque ha perdido toda confianza y
liderazgo entre la población a la que dice proteger, entre los efectores de la
salud pública, que principalmente están concentrados entre los médicos y las
otras profesiones de sanitarias, y, no menos importante, entre los infectados
con VIH, los pacientes con SIDA y los grupos estigmatizados como los de mayor
riesgo y vulnerabilidad.
La confianza política con que le retribuyó el Presidente,
Evo Morales, al ratificarlo como Ministro, no será suficiente para revertir la
desconfianza bien ganada por el Ministro Calvimontes, quien ha sembrado su
gestión de errores y metidas de pata que le aseguran un lugar oscuro o el
triste olvido de una gestión llena de oportunidades perdidas y que pudo ser completamente
diferente, porque condiciones políticas y económicas las tuvo.
