El MAS de tumbo en tumbo

Por Fernando Rocabado Quevedo

Incendio de la Chiquitanía se expande con  llamas de
 gran tamaño y rápidamente

Estas dos últimas semanas han sido particularmente ingratas para el Presidente Evo Morales y para su partido, el MAS. Pareciera ser el tiempo en el que comienzan a manifestarse de manera concentrada los errores de su gestión, caracterizada por el autoritarismo y el uso abusivo del poder. 

La primera manifestación ha sido el inicio de una huelga general indefinida de los médicos que trabajan en el sector público, que ya lleva más de 12 días sin lograr un entendimiento con las autoridades sanitarias. Sus pedidos referidos a mejorar sus condiciones de trabajo y la implantación del SUS con más recursos; la incorporación de los profesionales a la Ley General del Trabajo; la institucionalización de todos los cargos; la abrogación de la Ley 1189 de fortalecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS); y la participación de los médicos en la elaboración de la ley contra el cáncer, no han sido escuchados. Las autoridades de salud no han mostrado ni disposición ni capacidad de diálogo hasta el momento. No hay duda de que una de las mayores debilidades y descuidos en la gestión del gobierno ha sido el área de la salud.

El segundo yerro notable y percibido por la población, no solo paceña, sino, nacional, es la persecución judicial de la que es objeto el Alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien pasa una buena parte de su tiempo, respondiendo las más de treinta demandas de autoridades y de “mercenarios” judiciales. En el último juicio, caracterizado por su celeridad, el juez encargado resolvió su detención domiciliaria por el caso Alpacoma. El Ministerio Público había imputado al Alcalde Revilla por el delito de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes por el deslizamiento de una celda del relleno sanitario de Alpacoma. Esta medida injustificada, que seguramente será seguida de otras de similar magnitud, no pasa inadvertida por la población, que ve con claridad la utilización de la justicia para fines de persecución política, donde lo que menos interesa es el perjuicio que se causa a la gestión del principal Municipio, sino que se busca malograr la gestión del Alcalde más connotado del país. Esta situación ha llevado a Juan Del Granado, el exalcalde que ha depurado y puesto en pie ese Municipio, a decir que lo que está en curso en La Paz es un verdadero “golpe de Estado” municipal.

Ligado a esto viene el error de dejar que los choferes pongan trabas, violencia de por medio y desde sus inicios, a la instalación del servicio de buses Pumakatari, que tienen amplia aceptación y complacencia del vecindario paceño, que clama por tener estos servicios, modernos y cómodos, en toda la ciudad. Los transportistas, dirigidos por connotados masistas, algunos de los cuales son aspirantes a diputados y han manejado a su antojo cuantiosas sumas de dinero proveniente de la recaudación en trancas, no solo que manifiestan su oposición, sino que han actuado vandálicamente, dañando los buses y paradas, causando cuantiosas pérdidas económicas al municipio. Con el socapamiento del Gobierno siguen en plan de lucha, no importando el repudio de la población; rechazan nuevas rutas y amenazan con paralizar la ciudad, declarando guerra a los Pumakatari, al Alcalde Revilla y a la prensa nacional. Su actitud negativa y su comportamiento vandálico va reñido con las aspiraciones de los ciudadanos, que solo quieren mayor comodidad y menos abusos por parte de estos choferes sindicalizados.

Finalmente, el error más grande y percibido como una gran pérdida nacional por todos los bolivianos, son los incendios provocados por los desmontes en las extensas pampas de la Chiquitanía, determinados por las políticas de ampliación de la frontera agrícola, impulsadas por el Gobierno de Evo Morales, en conjunción con el Gobierno de Santa Cruz, los empresarios del sector agrícola-ganadero y con supuestas comunidades campesinas que desmontan bosque para nuevos asentamientos. Se dice que son 1.400 las que han sido reconocidas o autorizadas hasta el momento. Los desmontes y los incendios son la expresión de una política depredadora y extractivista en la agropecuaria, promovidas y legalizadas mediante leyes apoyadas por todos estos actores, que autorizaron los desmontes y las quemas (Ley 741, firmada por todos los legisladores, incluyendo los Demócratas) y permitieron la ampliación de la frontera agrícola en Santa Cruza y el Beni, incluyendo las tierras de vocación forestal (Decreto Supremo 3973). Con la ley en la mano y sin ningún control ni fiscalización, se dio rienda suelta al desmonte con fuego. En otras palabras, con instrumentos legales provistos por el MAS se destruye la flora y la fauna para beneficio de unos pocos, que solo velan por sus propias ganancias. Al mismo tiempo se promueven asentamientos comunarios, mayormente con fines de lucro y corrupción, puesto que van acompañados del negociado con tierras. De ahí a la catástrofe ambiental que sobreviene, dista muy poco trecho. El modelo extractivista del Gobierno de Evo, aplicado en todas las áreas de la economía, tiene en el agro estas características depredadoras y contrarias a todo su discurso ambientalista y defensor de la Madre Tierra.

En estos días aciagos, el pueblo ha percibido de manera clara el total desprecio del Gobierno por la salud, la justicia, los servicios públicos, el transporte y el medio ambiente. La gente intuye que el proceso de cambio no va más; el líder que un día ofreció mejores días, con más equidad y justicia, ha agotado su programa y, a partir de sus acciones y errores, va mostrando su verdadera intencionalidad: sobrevivir y quedarse en el poder a como dé lugar, aunque sea dando tumbos, de ahí el título de este artículo que, para ser más precisos, debiera decir que es Evo el que va de tumbo en tumbo, porque el MAS sin Evo, en el fondo, no es nada.