A partir del principio de integralidad, los derechos a la salud y a la equidad de género son parte de los derechos globales, a los que cada persona debe tener acceso y que los gobiernos deben respetar, proteger y cumplir.
Con este enfoque se debe dar mayor atención para los grupos poblacionales más desprotegidos o vulnerables, entre los que se encuentra un buen porcentaje de las mujeres, las que deben ser objeto de políticas públicas con una perspectiva de género. El eje del enfoque de género es el estudio de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, atribuibles a causas sociales y no biológicas, y la fijación de estrategias que vayan a borrar estas diferencias. Se pretende, que tanto el trabajo reproductivo como el productivo, sea compartido equitativamente entre hombres y mujeres, eliminando las relaciones de desigualdad existentes en la mayor parte de nuestras sociedades.
Se debe, entonces, poner las ideas, las políticas, los recursos, y la organización suficientes, en la búsqueda de este objetivo sanitario y de desarrollo, con participación y liderazgo de las propias mujeres,
A nivel mundial se han logrado grandes avances y, como en todo lo que son programas con fuerte contenido social, el desarrollo es desigual y combinado. Al mismo tiempo que existen sociedades muy democráticas e igualitarias, existen otras con gran rezago y con mucho camino por recorrer.
La preocupación de los aspectos relacionados con el género es preocupación de las Naciones Unidas, al punto que se ha creado una institución especializada en el tema el UNIFEM, o Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, institución que junto con el World Economic Forum, desarrollaron hace algunos años un interesante estudio, destinado a evaluar disparidades de género en el mundo. Esta investigación midió en 58 países, hasta qué punto las mujeres han alcanzado igualdad en relación a los hombres en cinco áreas críticas: participación económica, empoderamiento político, conquistas educacionales, salud, y bienestar. De estos 58 países, se estudió a los 30 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y a 28 otros países de “mercado emergente” de Asía, América Latina (entre ellos Perú), África y Oriente Medio.
El diagnóstico fue claro: ningún país había logrado eliminar las disparidades entre los sexos. Como es de suponer, los países nórdicos fueron los que lograron la mejor puntuación siendo Suecia el que tiene el liderazgo mundial, seguido de Noruega, Islandia, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y Canadá, que junto con Alemania, Reino unido y Australia son consideradas como naciones “amigas de las mujeres”.
Estados Unidos ocupó el puesto 17 en la clasificación general, pero el 46 en cuanto a oportunidades económicas y 42 en cuanto a salud y bienestar.Japón ocupó el puesto 38, mostrando que los logros en la economía no siempre van parejos con los logros en la política y la participación.
En Latinoamérica sobresalió Costa Rica, ocupando el puesto 18, Colombia el 30 y Uruguay el 32, todos por encima de Suiza, Italia y Grecia. Suiza está rezagada por sus bajos logros en educación, donde las mujeres tienen tasas de matrícula notoriamente inferiores a los hombres; mientras que Italia y Grecia, tradicionalmente patriarcales, otorgan menor participación y menos oportunidades económicas a las mujeres.
Como es de suponer también, los países musulmanes ocuparon los últimos puestos, siendo Turquía y Egipto los últimos de la lista. Con respecto a la pregunta de “licencia para maternidad”, se mostró que en Egipto es de 7 semanas y en Suecia de 52 semanas, la más alta en el mundo. Entre esos rangos se dio la puntuación del resto de los países.
Estudios de este tipo muestran las enormes diferencias entres sexos, entre países, y la necesidad de abordar las políticas de manera integral, puesto que, como dicen los autores, los cinco tipos de indicadores está íntimamente relacionados entre si. Las deficiencias en alguna de las áreas, deben motivar a los políticos y tomadores de decisión a avanzar en ese sentido.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, impulsados por las NNUU, son una gran oportunidad para conseguir logros tangibles en el campo de la salud y de las políticas de género. Por primera vez las Naciones Unidos amarran con tanto fuerza los conceptos del desarrollo con indicadores de salud. La mayor parte de los indicadores fijados para medir la meta de los ODM son objetivos de salud o de sus grandes determinantes como la pobreza, la alimentación, la educación, la cultura y el género. Este último tiene un objetivo independiente, sin embargo, está claro como en el estudio mencionado, que existe una relación estrecha entre todos los indicadores y que el desarrollo debe ser equilibrio, puesto que no es posible avanzar sólo en ciertos indicadores y decir que eso es desarrollo integral.
Así, está probado que la pobreza que afecta a un alto porcentaje de latinoamericanos afecta por igual a hombres como a mujeres, aunque la pobreza por razones de género se expresa de diferente manera: las mujeres ganan menos por el mismo esfuerzo y ejercen la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado. Si bien ha habido grandes logros en materia de educación y de acceso de las mujeres al sistema educativo, persisten diferencias en cuanto a la permanencia de las niñas en las escuelas y brechas muy grandes entre mujeres y hombres de las generaciones mayores. No cabe duda que la educación va a permitir mayor poder y capacidad de decisión de las mujeres, mayor control de los aspectos que tienen que ver con su salud y la de los suyos, sin eludir los aspectos relacionados con su salud sexual y reproductiva.
La meta de reducir la mortalidad materna es un indicador de oportunidades y acceso a los servicios de salud, por eso que es más elevada en los lugares donde predomina la pobreza, la falta de servicios en las áreas rurales, y es más grave aún, cuando se considera a las mujeres indígenas que hablan un idioma diferente al español. No olvidemos que en Los Andes existen 15 millones de reconocidos quechua hablantes, y debe existir otro tanto de bilingües en proceso de transculturación. Los aimaras, que se comunican en su idioma son 3 millones, por lo tanto, no estamos hablando de poblaciones pequeñas o de grupos marginales, sino de grandes grupos poblacionales, con peso específico cada vez más decisivo en las políticas locales.
En materia de género, todavía predomina el conocimiento de las diferencias biológicas entre hombre y mujeres, sobre el conocimiento de las diferencias que se dan por causas sociales, o cuando menos, muchas de estas diferencias las atribuimos a la biología cuando en realidad tienen un fondo social. La investigación sobre la relación entre determinantes sociales, incluido el género, los derechos y la salud es una prioridad cada vez más sentida y a la que deberemos responder.