sábado, 31 de agosto de 2019

El MAS de tumbo en tumbo



Por Fernando Rocabado Quevedo
Incendio de la Chiquitanía se expande con  llamas de
 gran tamaño y rápidamente

Estas dos últimas semanas han sido particularmente ingratas para el Presidente Evo Morales y para su partido, el MAS. Pareciera ser el tiempo en el que comienzan a manifestarse de manera concentrada los errores de su gestión, caracterizada por el autoritarismo y el uso abusivo del poder. 

La primera manifestación ha sido el inicio de una huelga general indefinida de los médicos que trabajan en el sector público, que ya lleva más de 12 días sin lograr un entendimiento con las autoridades sanitarias. Sus pedidos referidos a mejorar sus condiciones de trabajo y la implantación del SUS con más recursos; la incorporación de los profesionales a la Ley General del Trabajo; la institucionalización de todos los cargos; la abrogación de la Ley 1189 de fortalecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS); y la participación de los médicos en la elaboración de la ley contra el cáncer, no han sido escuchados. Las autoridades de salud no han mostrado ni disposición ni capacidad de diálogo hasta el momento. No hay duda de que una de las mayores debilidades y descuidos en la gestión del gobierno ha sido el área de la salud.

El segundo yerro notable y percibido por la población, no solo paceña, sino, nacional, es la persecución judicial de la que es objeto el Alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien pasa una buena parte de su tiempo, respondiendo las más de treinta demandas de autoridades y de “mercenarios” judiciales. En el último juicio, caracterizado por su celeridad, el juez encargado resolvió su detención domiciliaria por el caso Alpacoma. El Ministerio Público había imputado al Alcalde Revilla por el delito de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes por el deslizamiento de una celda del relleno sanitario de Alpacoma. Esta medida injustificada, que seguramente será seguida de otras de similar magnitud, no pasa inadvertida por la población, que ve con claridad la utilización de la justicia para fines de persecución política, donde lo que menos interesa es el perjuicio que se causa a la gestión del principal Municipio, sino que se busca malograr la gestión del Alcalde más connotado del país. Esta situación ha llevado a Juan Del Granado, el exalcalde que ha depurado y puesto en pie ese Municipio, a decir que lo que está en curso en La Paz es un verdadero “golpe de Estado” municipal.

Ligado a esto viene el error de dejar que los choferes pongan trabas, violencia de por medio y desde sus inicios, a la instalación del servicio de buses Pumakatari, que tienen amplia aceptación y complacencia del vecindario paceño, que clama por tener estos servicios, modernos y cómodos, en toda la ciudad. Los transportistas, dirigidos por connotados masistas, algunos de los cuales son aspirantes a diputados y han manejado a su antojo cuantiosas sumas de dinero proveniente de la recaudación en trancas, no solo que manifiestan su oposición, sino que han actuado vandálicamente, dañando los buses y paradas, causando cuantiosas pérdidas económicas al municipio. Con el socapamiento del Gobierno siguen en plan de lucha, no importando el repudio de la población; rechazan nuevas rutas y amenazan con paralizar la ciudad, declarando guerra a los Pumakatari, al Alcalde Revilla y a la prensa nacional. Su actitud negativa y su comportamiento vandálico va reñido con las aspiraciones de los ciudadanos, que solo quieren mayor comodidad y menos abusos por parte de estos choferes sindicalizados.

Finalmente, el error más grande y percibido como una gran pérdida nacional por todos los bolivianos, son los incendios provocados por los desmontes en las extensas pampas de la Chiquitanía, determinados por las políticas de ampliación de la frontera agrícola, impulsadas por el Gobierno de Evo Morales, en conjunción con el Gobierno de Santa Cruz, los empresarios del sector agrícola-ganadero y con supuestas comunidades campesinas que desmontan bosque para nuevos asentamientos. Se dice que son 1.400 las que han sido reconocidas o autorizadas hasta el momento. Los desmontes y los incendios son la expresión de una política depredadora y extractivista en la agropecuaria, promovidas y legalizadas mediante leyes apoyadas por todos estos actores, que autorizaron los desmontes y las quemas (Ley 741, firmada por todos los legisladores, incluyendo los Demócratas) y permitieron la ampliación de la frontera agrícola en Santa Cruza y el Beni, incluyendo las tierras de vocación forestal (Decreto Supremo 3973). Con la ley en la mano y sin ningún control ni fiscalización, se dio rienda suelta al desmonte con fuego. En otras palabras, con instrumentos legales provistos por el MAS se destruye la flora y la fauna para beneficio de unos pocos, que solo velan por sus propias ganancias. Al mismo tiempo se promueven asentamientos comunarios, mayormente con fines de lucro y corrupción, puesto que van acompañados del negociado con tierras. De ahí a la catástrofe ambiental que sobreviene, dista muy poco trecho. El modelo extractivista del Gobierno de Evo, aplicado en todas las áreas de la economía, tiene en el agro estas características depredadoras y contrarias a todo su discurso ambientalista y defensor de la Madre Tierra.

En estos días aciagos, el pueblo ha percibido de manera clara el total desprecio del Gobierno por la salud, la justicia, los servicios públicos, el transporte y el medio ambiente. La gente intuye que el proceso de cambio no va más; el líder que un día ofreció mejores días, con más equidad y justicia, ha agotado su programa y, a partir de sus acciones y errores, va mostrando su verdadera intencionalidad: sobrevivir y quedarse en el poder a como dé lugar, aunque sea dando tumbos, de ahí el título de este artículo que, para ser más precisos, debiera decir que es Evo el que va de tumbo en tumbo, porque el MAS sin Evo, en el fondo, no es nada.

martes, 6 de agosto de 2019

Feminicidios en Bolivia, sus tendencias



Por Fernando Rocabado Quevedo, Médico Salubrista - Epidemiólogo

Antecedentes. -

En casi todos los países se vienen implementando observatorios destinados a vigilar y registrar los hechos relacionados con la violencia familiar, principalmente los feminicidios; fenómeno social que es preocupación de los gobiernos y sociedad civil. Expresa la fuerza del machismo en cada sociedad.

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, que en 2017 manejó la información oficial para 19 países de América Latina y el Caribe, contabilizó un total de 2.559 mujeres víctimas de feminicidio o femicidio.

En los países de la Región donde se ejecutó el asesinato, entre 2016 y 2017, las tasas más altas correspondieeron a El Salvador (10.2 por 100.000 mujeres), Honduras (5.8), Belice (4.8), Trinidad y Tobago (3.0), Guatemala (2.6) y República Dominicana (2.2). Todos estos países son centroamericanos o del Caribe (1).

En América del Sur, la mayor incidencia se observó en Bolivia y Paraguay con tasas de 2.0 y 1.6 por cada 100.000 mujeres, lo que muestra la gravedad del problema (1).

Esto es ratificado por el estudio “Femicide: A Global Problem” de Small Arms Survey, según el cual, Bolivia estaría dentro de los 12 países con las tasas más altas de feminicidio, superando los seis asesinatos por cada 100.000 mujeres (2)

Ante la presión social, principalmente de los grupos de mujeres organizadas, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) inició su labor de investigación de delitos de violencia en agosto de 2013, habiendo atendido ocho casos en ese año, atención que fue incrementándose en los años posteriores, por ejemplo, en 2014 atendió 54 casos. Pese a ello no consideramos los datos de la policía como los más confiables, principalmente en su manejo (3).

Otra instancia que hace seguimiento de estas muertes es la Fiscalía General, que informa mediante la prensa o en sus informes anuales, faltando una mayor sistematización y ubicación de sus bases de datos y su publicación. Por ser esta una instancia en la que se concentran las denuncias y los casos de todo el país, consideramos que sus datos son los más confiables, aunque sean proporcionados únicamente en números absolutos.  En sus informes el Fiscal del Estado suele hacer un recuento del número de casos por Departamento (5).

Ante estas falencias de seguimiento y vigilancia, diferentes grupos y ONG’s de mujeres han asumido el rol de observadores, implantando en sus instituciones oficinas encargadas de este seguimiento. Así el Observatorio “Manuela” del CIDEM, basándose en el monitoreo de medios de comunicación, reportó el año 2011 un total de 96 casos: el año 2012, 99 casos; y el 2013 un total de 110 casos. La tasa calculada en 2011, fue de 2,99 feminicidios por cada 100.000 mujeres (4). En la mayor parte de las otras organizaciones u observatorios no hemos encontrado manejo sistemático de datos, ni de tasas, menos de manera desagregada por departamento u otra variable; de esta observación emerge la necesidad de hacer estos cálculos.
 
Metodología. –

Consideramos que en Bolivia falta información estadística elaborada y sistematizada para el seguimiento epidemiológico de los feminicidios; los datos existentes son precarios y la mayor parte con fines de abogacía. Por otra parte, falta uniformidad en el manejo de las bases de datos y de los indicadores. La mayor parte de los observatorios se guían por el seguimiento de los números absolutos de casos, lo que puede inducir a desviaciones en las conclusiones, como creer que los lugares donde existe mayor número de muertes son los lugares más peligrosos o violentos para las mujeres. Con esta óptica, se ignora el denominador, que es la población total del departamento donde se producen las muertes; es lógico que los departamentos con más población tendrán el mayor número de muertes, lo que no significa que sean los de mayor peligrosidad para las mujeres. Para tener una cabal idea de esta peligrosidad es necesario, además, considerar las tasas, que son números relativos.

Por otra parte, el denominador que se usa para este cálculo es el de mujeres mayores de 15 años. El numerador son las mujeres de este grupo de edad asesinadas por razones de género; el cociente se expresa en tasas por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años.
Para nuestros cálculos hemos utilizado las proyecciones de población del INE para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 por departamento. Lamentablemente no encontramos esta información desglosada por sexo, por lo que tuvimos que estimarla. Sobre la población total de cada departamento obtuvimos la población femenina correspondiente, sacando el 50,1% del total, correspondiente a la razón de femineidad del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2012 (7).

Del mismo Censo sacamos los datos de mujeres mayores de 15 años para cada departamento, puesto que este porcentaje no es similar en todos. Hay departamentos con población más joven y otros con población más vieja. En orden decreciente estos porcentajes son los siguientes: La Paz, 71,9%; Tarija, 71,2%; Oruro, 70,2%; Cochabamba, 69,8%; Santa Cruz, 68%; Chuquisaca el 67,4%; Potosí, 66,4%; Beni, 64%; y Pando, 61,3%. (7).

Calculada la población de mujeres mayores de 15 años, sacamos la tasa de incidencia por departamento y nacional. Solo con fines de conocimiento sacamos, también, la tasa de feminicidios referida a la población total (hombres y mujeres) nacional y de cada departamento.

La mayor parte de los organismos utilizan la tasa de prevalencia y no la de incidencia; nosotros consideramos que es más apropiado utilizar la de incidencia, que es el número de casos nuevos de una enfermedad o de un evento, sobre la población en la mitad del año, por 100.000. La tasa de prevalencia es el número de casos nuevos y antiguos del mismo evento, sobre la población mencionada, por 100.000. Como se trata de una tasa de homicidios los casos siempre son nuevos, no existen casos antiguos, por eso consideramos que es más correcto denominarla como tasa de incidencia. Simplemente, se trata de una cuestión de propiedad metodológica, el valor del resultado no varía, por aquello de que prevalencia es igual a incidencia por la duración del evento.

De acuerdo a las legislaciones nacionales, incluida Bolivia, se denomina feminicidio o femicidio, a todo homicidio causado o agravado por razones de género (1).

Con esos criterios hemos hecho los cálculos para los años 2015, 2016, 2017 y 2018, utilizando la información disponible en la Fiscalía General del Estado, que comenzó a recoger datos en 2013, pero todavía incompletos; consideramos que desde el 2015 los datos parecen más consolidados y uniformes (5).

Resultados. -      

Los resultados están expresados en las tablas 1, 2, 3 y 4 donde se muestra que los feminicidios en 2015 fueron 110; en 2016, 111; en 217, 109; y en 2018, 128.

En 2015 la tasa nacional fue de 2,93 por 100.000 mujeres mayores de 15 años. En este año los departamentos que tuvieron una tasa por encima de la media nacional fueron en orden decreciente: Tarija (4,73), Cochabamba (4,64), La Paz (3,41) y Oruro (3,26). En Pando no se informó ningún caso.

En 2016 la tasa nacional fue de 2,91 por 100.000 mujeres mayores de 15 años. En este año los departamentos que tuvieron una tasa por encima de la media nacional fueron en orden decreciente: Cochabamba (4,57) y Oruro (3,2). La Paz tuvo una tasa similar a la nacional (2,90). En Pando se informó de un caso.

En 2017 la tasa nacional fue de 2,82 por 100.000 mujeres mayores de 15 años. En este año los departamentos que tuvieron una tasa por encima de la media nacional fueron en orden decreciente: Chuquisaca (4,70), Tarija (4,56), Cochabamba (4,36), Oruro (3,71) y Beni (3,49). En Pando no se informó ningún caso.

En 2018 la tasa fue la más elevada de los cuatro años, 3,27 por 100.000 mujeres mayores de 15 años. Los departamentos que tuvieron una tasa por encima de la media nacional fueron:  Oruro (6,29), Tarija (5,97), Pando (4,93) y Cochabamba (3,87). En este año la menor incidencia correspondió al Beni (2,06).

En cuanto a la tasa de la población total en 2015 fue de 1,02 por 100.000 habitantes; en 2016 de 1,01; en 2017 fue de 0,98 y, en 2018, de 1,13.

Tabla 1
Feminicidios en Bolivia, 2018
Departamento
Feminicidios 2018
Población 2018
Incidencia población
Mujeres de
15 años y +
Incidencia mujeres de 15 años y +
Oruro
12
538199
2,23
190797
6,29
Tarija
12
563342
2,13
200951
5,97
Pando
2
144099
1,39
40545
4,93
Cochabamba
27
1971523
1,37
697694
3,87
La Paz
33
2883494
1,14
1049055
3,15
Chuquisaca
6
626318
0,96
214446
2,80
Potosí
7
887497
0,79
297006
2,36
Santa Cruz
26
3224662
0,81
1081036
2,41
Beni
3
468180
0,64
145323
2,06
Nacional
128
11307314
1,13
3920155
3,27



Tabla 2
Feminicidios en Bolivia, 2017
Departamento
Feminicidios 2017
Población 2017
Incidencia población
Mujeres de
15 años y +
Incidencia mujeres de 15 años y +
Oruro
7
531890
1,30
188560
3,71
Tarija
9
553373
1,60
197395
4,56
Pando
0
139018
0,00
39115
0,00
Cochabamba
30
1943429
1,52
687752
4,36
La Paz
27
2862504
0,94
1041419
2,59
Chuquisaca
10
621148
1,60
212676
4,70
Potosí
5
880651
0,56
294715
1,70
Santa Cruz
16
3151676
0,50
1056568
1,51
Beni
5
462081
1,07
143430
3,49
Nacional
109
11145770
0,98
3864149
2,82



Tabla 3
Feminicidios en Bolivia, 2016
Departamento
Feminicidios 2016
Población 2016
Incidencia población total
Mujeres de
15 años y +
Incidencia en mujeres de 15 años y +
Oruro
6
525675
1,14
186357
3,22
Tarija
5
543405
0,92
193839
2,58
Pando
1
133966
0,75
37694
2,65
Cochabamba
31
1915621
1,62
677911
4,57
La Paz
30
2842031
1,06
1033971
2,90
Chuquisaca
5
616073
0,81
210938
2,37
Potosí
8
873901
0,92
292456
2,74
Santa Cruz
22
3078459
0,71
1032023
2,13
Beni
3
455928
0,66
141520
2,12
Nacional
111
10985059
1,01
3808432
2,91




Tabla 4
Feminicidios en Bolivia, 2015
Departamento
Feminicidios 2015
Población 2015
Incidencia población total
Mujeres de
15 años y +
Incidencia en mujeres de 15 años y +
Oruro
6
519548
1,15
184185
3,26
Tarija
9
533429
1,69
190281
4,73
Pando
0
128944
0,00
36281
0,00
Cochabamba
31
1888069
1,64
668161
4,64
La Paz
35
2822090
1,24
1026716
3,41
Chuquisaca
6
611068
0,98
209225
2,87
Potosí
6
867217
0,69
290219
2,07
Santa Cruz
15
3004951
0,50
1007380
1,49
Beni
2
449697
0,44
139586
1,43
Nacional
110
10825013
1,02
3752945
2,93

Los datos de incidencia de estos cuadros los hemos resumido gráficamente en la Figura 1, donde notamos departamentos que aparecen repetidamente por encima de la media nacional. En primer lugar y de manera más compacta y uniforme, aparece Cochabamba como el departamento con tasas más elevadas, seguido de Oruro y Tarija, ciudades medias que sorprenden por sus tasas elevadas, además, con picos epidémicos sobresalientes en 2018. La Paz tiene una situación intermedia, diríamos bordeando la media nacional, lo mismo que Chuquisaca que en 2017 tuvo un pico pronunciado. También sorprende que Santa Cruz, pese al elevado número absoluto de muertes (sin embargo, siempre muy por debajo de Cochabamba y La Paz), tiene tasas menores a la media nacional, lo mismo que el Beni. Finalmente, Pando es el departamento más pequeño, con una población reducida, donde un solo asesinato puede elevar sus tasas notablemente, como fue el caso del 2018, con dos muertes que le dieron una tasa de 4,93 por 100.000.

Figura 1




En la Figura 2 hemos colocado juntas las tasas de los cuatro años para tener una idea de la tendencia que se va formando con estos datos oficiales. En principio podemos decir que hay una cierta horizontalidad en la línea de tendencia, con tasas similares en los tres primeros años y un incremento de15% en el 2018, que es el año con mayor número de muertes denunciadas, 128, y una tasa de 3,27 por 100.000 mujeres mayores de 15 años. Sin embargo, aplicando la línea de tendencia de las medias móviles, este aparente quiebre se atenúa un tanto. Las mismas gráficas hemos confeccionado para cada departamento  y comprobado que existe una tendencia al ascenso en los departamentos de Oruro, Tarija, Pando, Santa Cruz y Beni; una cierta horizontalidad en La Paz, Potosí y Chuquisaca; y un ligero descenso en Cochabamba.
             



Conclusiones.

Los datos que hemos utilizado son de la Fiscalía General del Estado, que desde 2015 parecen más consolidados y uniformes, por lo que pueden ser aptos para el seguimiento si se mantiene esa actividad en dicha oficina, aunque su base de datos debe ser accesible para los investigadores. El promedio de casos en los cuatro años de nuestro seguimiento ha sido de 114 casos anuales. Las tasas nacionales fueron más o menos parejas, bordeando los 3 por 100.000, casi un punto más que la estimada por la CEPAL y parecida a la del CIDEM.

El departamento con mayores tasas de feminicidios, de manera uniforme en los cuatro años es Cochabamba, le siguen Oruro y Tarija, ciudades que merecen más seguimiento, investigación y aplicación de políticas especiales.  La Paz, Chuquisaca y Potosí, son equiparables a la media nacional, que de por sí es elevada. Los departamentos del oriente, Santa Cruz, Beni y Pando, tienen las tasas más bajas; aunque este último con elevados picos, cuando se producen dos o más muertes, esto debido a su baja población de menos de 40.000 mujeres mayores de 15 años.

En los cuatro años se han notado algunos picos epidémicos que podrían ser considerados como brotes, de años excepcionales, como el 2018. Merecen, también, más investigación.
Pese al incremento observado en este año, podemos afirmar que, en el periodo considerado, la línea de tendencia nacional parece ser estable, casi horizontal. Cuando se analiza la tendencia por departamento vemos que en cinco de ellos hay tendencia al ascenso; en tres se mantienen horizontales y en uno se nota tendencia al descenso.

Para tener facilidad en la construcción y manejo de estos indicadores, el INE debiera tener más accesible la información poblacional. No hemos podido encontrar información de población por sexos de cada departamento, por lo que hemos tenido que calcularla a partir de información total; lo mismo para la población mayor de 15 años. Nos parece que esto es importante para tener datos uniformes.

Para cálculos más precisos de este tipo de indicadores, aconsejamos utilizar los datos específicos de cada departamento, no asumir porcentajes similares o nacionales para todos. Entre el departamento con mayor porcentaje de mujeres de más 15 años (La Paz) y el menor (Pando) existe una diferencia de 10,6% (7).

Calculada la incidencia para la población total del país (hombres y mujeres) vemos que ésta es 2,9 veces menor que la anterior en todos los años.

En la mayor parte de las organizaciones públicas y privadas, no hemos encontrado manejo sistemático de datos, ni de tasas, menos por departamento. Algunos intentos se han estancado o han sido esporádicos, por lo que consideramos que esta información debiera ser manejada como un evento más de vigilancia epidemiológica, dentro de la unidad respectiva del Ministerio de Salud, de donde todas las instituciones de promoción y abogacía puedan obtenerla, ya procesada. Esto facilitaría y garantizaría la calidad y la uniformidad de la información.

Finalmente, queda siempre la gran tarea de enfrentar el problema, que necesita más conocimiento e investigación. El primer esfuerzo es, casi siempre, la búsqueda de las causas más inmediatas o directas; esfuerzo que consideramos debe complementarse con enfoques de factores de riesgo y, lo más importante, un conocimiento más profundo de su determinación social.

Referencias. -

1.   Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
2.            Elías Daniela A. et al. La mujer despojada: pautas para la investigación y análisis del feminicidio. Infante. Cochabamba, Bolivia.
3. Femicide: A Global Problem. de Small Arms Survey. http://www.smallarmssurvey.org/about-us/highlights/highlight-rn14.html
4.            Feminicidio en Bolivia, Acceso a la justicia y desafíos del Estado Boliviano. Bolivia, 2015.
5.            Fiscalía General del Estado. Rendición Pública de Cuentas. Final 2018 – Inicial 2019. https://drive.google.com/file/d/1VjYUmJ__y1CimHbbQgwARqsuZk_sEHf2/view
7.         Bolivia: Población estimada y proyectada por departamento, según años calendario, 2000-2025. Instituto Nacional de Estadística, Revisión 2014.